EN OAXACA EL CARTEL DEL DESPOJO YA TIENE PENALIDAD, EN EL CASO DE SERVIDORES PÚBLICOS SE TIPIFICÓ COMO DESPOJO INMOBILIARIO Y TIENE UN CASTIGO DE 40 AÑOS DE CÁRCEL SIN DERECHO DE FIANZA

En Oaxaca los miembros del cartel de despojo, que sean servidores públicos ya seran sujetos a castigo, mediante la nueva tipifica al delito de despojo inmobiliario agravado que tendrá un castigo de 40 años de cárcel sin derecho de fianza.

El pleno de la Cámara de Diputados para combatir las prácticas de corrupción que vulneran el patrimonio de las familias oaxaqueñas, aprobó por mayoría  el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual se adiciona el Capítulo II Bis denominado Corrupción Inmobiliaria al Código Penal del Estado de Oaxaca y que va dirigido para sancionar a todos los implicados en el llamado Cartel del Despojo.

Con esta reforma, se incorpora el artículo 208 Ter, que establece que comete este delito la persona servidora pública que, aprovechándose de las facultades de su cargo, autorice, tolere o permita la construcción de inmuebles sin cumplir con los requisitos legales en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, impacto ambiental, protección civil y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se sancionará a quienes autoricen la edificación de niveles o superficies superiores a los autorizados, o bien, omitan realizar las visitas de verificación, inspección o supervisión correspondientes, o alteren los resultados de las mismas para encubrir irregularidadesA estas conductas se impondrán penas de 40 a diez años de prisión, multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de cometerse el delito, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo equivalente al de la pena de prisión impuesta.De igual forma, el artículo 208 Quáter prevé agravantes cuando estas conductas ocasionen daño o perjuicio al medio ambiente, afecten el patrimonio de personas en situación de vulnerabilidad, o generen beneficios económicos directos o indirectos para la persona servidora pública, sus familiares o personas con quienes mantenga vínculos personales, en cuyo caso la pena se incrementará hasta en una mitad de su mínimo y máximo.La diputada Analy Peral Vivar, presidenta del órgano legislativo dictaminador, indicó que esta medida reafirma el compromiso de fortalecer el marco jurídico estatal, prevenir el abuso de poder y garantizar certeza jurídica en el desarrollo inmobiliario, en concordancia con las políticas nacionales orientadas a garantizar el derecho a una vivienda digna y segura.La iniciativa fue promovida por los diputados Isaías Carranza Secundino, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, y Raynel Ramírez Mijangos, del Grupo Parlamentario de Morena, como respuesta a prácticas que han permitido la edificación de inmuebles sin cumplir con los requisitos legales, cambios indebidos de uso de suelo y la comercialización de predios sin servicios básicos, lo que ha impactado el acceso a la vivienda y el ordenamiento urbano.CARTEL DEL DESPOJOEn Oaxaca hay 14  nuevas carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia (FGJO) contra ex funcionarios públicos, jueces, y notarios implicados en el Cartel del Despojo, reconoció el Consejero Jurídico Geovany Vasquez Sagredo.En tanto el  Fiscal General de Justicia Bernardo Rodriguez informó que de marzo de 2021 a julio de 2023, en el estado de Oaxaca se iniciaron mil 600 carpetas de investigación relacionadas con despojos de inmuebles, en donde hubo colusión entre notarios, servidores públicos del Registro Civil  y grupos criminales para despojar propiedades.Además la Consejería Jurídica reportó que se cancelaron y revocaron 12 licencias notariales, porque se autorizaron a sujetos sin tener título profesional y el perfil académico y por no cumplir con los requisitos como la edad.Entre los notarios que perdieron su derecho y licencia, se encuentra Alejandro Nassar Pineyro, ex secretario privado del ex gobernador Alejandro Murat, por no reunir con el perfil académico, ademas de que no contaba con cédula profesional.Otros permisos notariales que se dieron de forma irregular y consecuencia se ordenó clausurar las oficinas notariales son la número 135, ubicada en Asunción Nochixtlán perteneciente a Jorge Alberto Gómez Merlo; la número 24 ubicado en la calle de Los Libres 611, colonia Centro de la capital del estado, asociada a Rodolfo Morales Pazos.Además, la número 103 localizada en la calle Cuauhtémoc 439 en el Ejido Guadalupe Victoria, de la ciudad de Oaxaca; cuyo titular era Laetitia Molina Pertierra, quien entregó 127 libros abiertos, uno cerrado y 176 apéndices.El consejero jurídico Geovany Vasquez Sagrredo  precisó que la revocación del FIAT a Jorge Alberto Gómez Merlo es resultado del procedimiento penal que lleva la Fiscalía General del Estado (FGEO), por ser uno de los responsables en el robo de identidad de los hermanos Gomez Conzatti.Otros casos que tiene en su poder la Fiscalía de Justicia versan en el uso de libros de notarios públicos fallecidos, sobre todo en las últimas hojas, donde algunos ex funcionarios y servidores públicos de alto nivel en la administración de Alejandro Murat aparecen como beneficiarios”.En la indagatoria de la Fiscalía, los peritos utilizaron un cuarto oscuro con  luz ultravioleta donde se exhibió la presencia de cloro y otras sustancias corrosivas que fueron manipulados para borrar actuaciones hechas en libros de notarios fallecidos.El Consejero Jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero,  expresó que el Gobierno de Oaxaca colabora también con las autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de Puebla, toda vez que se tiene conocimiento que fedatarios públicos oaxaqueños han actuado de manera irregular dando fe de actos de compraventa de inmuebles que han terminado en denuncias por despojo.