Exhorta Congreso local a instancias federales a proponer un régimen fiscal diferenciado para las Empresas Forestales Comunitarias
· Se busca garantizar justicia tributaria para las comunidades
En Sesión Ordinaria, el Congreso local aprobó, de Urgente y Obvia Resolución, un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Secretaría de Economía (SE), para que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen y, en su caso, propongan la implementación de un régimen fiscal diferenciado para las Empresas Forestales Comunitarias (EFC), que reconozca su carácter social, colectivo y ambiental.
El Punto de Acuerdo, promovido por la diputada Biaani Palomec Enríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), también llama a reconocer la deducibilidad de las inversiones destinadas a la conservación forestal, reforestación, control de plagas y obras de beneficio comunitario, a fin de corregir las distorsiones del esquema tributario vigente, superar la lógica fiscal regresiva heredada de modelos neoliberales y garantizar justicia tributaria para las comunidades forestales.
La iniciativa surge como respuesta a la demanda histórica de diversas comunidades indígenas que, tras la 68ª Asamblea del Foro Oaxaqueño del Agua, espacio en el que manifestaron su preocupación por un esquema tributario que consideran injusto y que ha afectado su desarrollo por casi 25 años.
De acuerdo con la diputada Palomec Enríquez, uno de los principales obstáculos que enfrentan las comunidades es la ausencia de un marco fiscal diferenciado que reconozca la naturaleza social, colectiva y ambiental de las EFC. A pesar de que estas organizaciones operan bajo esquemas de propiedad colectiva en ejidos y comunidades, actualmente son tratadas fiscalmente como empresas privadas con fines de lucro, lo que impone una carga económica desproporcionada que limita su desarrollo y el bienestar de las comunidades.
Mientras las empresas privadas buscan el enriquecimiento individual, las EFC tienen un objeto social y ambiental basado en el tequio y la organización colectiva. De ahí que el exhorto busque garantizar que el valor agregado de los procesos industriales beneficie directamente a las comunidades y no solo a intermediarios.
La medida se sustenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual establece que a la SHCP le corresponde estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, así como determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales. De igual forma, la SE tiene entre sus atribuciones formular políticas de industrialización de los productos forestales, determinar estímulos para el fomento industrial e impulsar el desarrollo de cadenas productivas.
La legisladora expresó que desde el Congreso se busca que las inversiones destinadas a la conservación y a las obras de beneficio comunitario sean plenamente deducibles, garantizando que el patrimonio del pueblo se quede en la comunidad para seguir generando bienestar. “Es momento de superar la lógica neoliberal y consolidar un sistema tributario que entienda que la silvicultura comunitaria es una forma de vida orientada a la conservación y a la armonía ambiental”, concluyó.