JUEZ EMITE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EX DIRÉCTOR DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE MURAT POR DESVIO DE 31 MDP
Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, exdirector de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), en el gobierno de Alejandro Murat tiene una orden de aprehensión por desvío de fondos públicos
Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia ordeno su aprehensión y reclusión en el penal de San Francisco Tanivet por cometer manejos indebidos durante el ejercicio fiscal 2022, en el que la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASFE) documentó irregularidades por 31 millones de pesos
El informe 2022-OA/CPE/12/2023 de la ASFE, que abarcó revisiones financieras, de cumplimiento y de desempeño, reveló 31 resultados anómalos y 21 observaciones, de las cuales 18 no fueron justificadas por el SAPAO bajo la dirección de Hernández Cuevas. Los 8 pliegos de observaciones detallan con precisión los montos no aclarados:
PO-01: $6,668,053.31
PO-02: $4,472.00
PO-03: $299,486.45
PO-04: $975,461.94
PO-05: $213,355.35
PO-06: $577,071.00
PO-07: $18,734,201.22
PO-08: $4,010,638.00
Total no aclarado: 31,482,739.27 pesos.
Las irregularidades incluyen falta de dictámenes del Comité de Adquisiciones, contratos con proveedores no inscritos en el Padrón de Proveedores, adjudicaciones directas de obras públicas que superaron los límites legales, pagos excesivos en al menos 2 obras inspeccionadas y discrepancias graves entre registros contables y desembolsos reales.
La ASFE determinó que la documentación presentada por el SAPAO carecía de suficiencia y pertinencia, incumpliendo de manera sistemática las normas de manejo de recursos públicos. Entre los señalamientos más graves destaca la ausencia de autorizaciones para contrataciones y la falta de comprobantes que respalden gastos ya ejecutados.
Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas fue designado director del SAPAO en marzo de 2022 por el entonces Alejandro Murat Hinojosa, quien le encomendó expresamente una gestión transparente en el manejo de los recursos del organismo.
Lo que la auditoría encontró es la distancia exacta entre ese encargo y la realidad: 31 millones de pesos en irregularidades documentadas, 18 observaciones sin justificar y un expediente que la Secretaría de Honestidad consideró suficientemente sólido para turnar denuncias penales a la Fiscalía Anticorrupción.