DDHPO busca lavarse las manos ante su propia ineficiencia y omisión en el caso del periodista Alejandro Leyva
Oaxaca, Oax.— En un evidente intento por desviar la atención y evadir su responsabilidad institucional, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuestionó recientemente la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso del periodista asesinado Alejandro Leyva. Sin embargo, un análisis detallado del expediente revela que fue la propia Defensoría la que incurrió en graves omisiones que dejaron a la víctima en un estado de vulnerabilidad institucional.
Lejos de activar los protocolos de urgencia que ameritaba el caso, la DDHPO minimizó las amenazas contra el comunicador al tramitar el asunto como un simple “cuaderno de antecedentes” y no como una queja formal. Al ignorar el artículo 58 de su propia Ley —que le faculta para iniciar investigaciones de oficio ante violaciones graves y reiteradas contra comunicadores—, la institución limitó desde el primer día el alcance de la protección hacia Leyva.
Además de la pifia administrativa, la Defensoría brilló por su ausencia en el trabajo de campo. No emitió medidas cautelares directas, violando las facultades que le otorgan los artículos 13 (fracción V) y 66. Su “actuación” se redujo a la burocracia de escritorio: enviar oficios para preguntar si la víctima ya contaba con protección, sin brindarle un acompañamiento real ni asistirle en la ratificación de su denuncia, un mandato expreso del artículo 7 de su legislación.
Finalmente, la DDHPO omitió realizar el análisis de riesgo y de contexto al que estaba obligada. Aunque las amenazas derivaron directamente de los señalamientos públicos de Leyva en conferencias de prensa, la institución no activó los mecanismos de alerta temprana previstos en la ley para la protección de periodistas (art. 13, fracción VI). Hoy, ante la tragedia, la titularidad de la Defensoría busca culpar a otras dependencias de una inacción que comenzó en sus propias oficinas.