Analizan y refuerzan en Oaxaca estrategia de seguridad nacional

• La entidad fue electa sede de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública por registrar bajos índices delictivos

• Se mostraron acciones y avances que demuestran la efectividad de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Por registrar bajos índices de inseguridad en la entidad, Oaxaca fue sede de la XXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, misma que fue presidida por el Gobernador Salomón Jara Cruz y contó con la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México Rosa Icela Rodríguez.

Durante el encuentro en el que participaron 23 titulares de seguridad pública, representantes de esta dependencia y funcionariado estatal y federal, se examinaron distintas tácticas en la materia utilizadas por cada entidad, lo mismo que áreas estratégicas para robustecer sus acciones en favor de la ciudadanía.

En su participación el Gobernador de Oaxaca informó que la reducción de los índices delictivos se logró a raíz de diversos trabajos como la dignificación del salario de las y los elementos policiacos, cuerpos de seguridad capacitados, certificados y profesionales, y la mejora de equipo táctico e infraestructura. Destacó que se han certificado 2 mil 206 topiles en 109 municipios.

Afirmó que estrategias de esta índole lograron que la entidad sea el quinto estado con menos delitos por cada 100 mil habitantes, y que durante el 2023 se redujeron las muertes violentas de mujeres en un 30 por ciento.

Durante la Plenaria también fue expuesta la preocupación de las entidades federativas ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inaplicable la prisión preventiva oficiosa.

Durante su intervención la secretaria de Seguridad del Gobierno de la República, Rosa Icela Rodríguez declaró que este último año de la administración federal ha sido clave para consolidar los resultados obtenidos en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Prueba de ello es que en la actualidad son palpables los avances en materia económica; por ejemplo, el aumento al salario mínimo que pasó de 88.36 pesos en el 2018 a 248.93 pesos en 2024; el fortalecimiento del peso, el cual se apreció en 13.11 por ciento en 2023, además de representar la doceava economía del mundo.

Otras estadísticas demuestran que en este sexenio se decomisaron 49 mil armas de fuego, más de 8.2 toneladas de fentanilo, más de 95 mil vehículos y la destrucción de más de 2 mil 400 laboratorios de metanfetamina, representando una afectación a las finanzas de la delincuencia, superior a los 2 billones pesos.

Asimismo, se registró la disminución de 22 por ciento en homicidios dolosos, 49.3 por ciento en robo de vehículos de motor, el 29.7 por ciento en feminicidio, el 82 por ciento en secuestro por señalar algunos rubros. En cuanto a la percepción de inseguridad, esta disminuyó un 17.2 por ciento.

La Coordinación Nacional Antisecuestro, del 16 de julio del 2019 al 31 de marzo de 2024 desarticuló 671 bandas, detuvo a 6 mil 106 personas y liberó a 2 mil 996 víctimas.

En cuanto al robo de hidrocarburos, este bajó el 94.2 por ciento, generando un ahorro estimado, del 1 de diciembre del 2018 al 31 de marzo de 2024, de 322 mil 464 millones 610 mil 989 pesos.

Mediante un mensaje de manera virtual, Luisa María Alcalde Lujan, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió la importancia de la coordinación permanente en los trabajos de seguridad por parte de los estados, principalmente por el contexto actual de un proceso electoral en todo el país.

Asimismo, compartió la preocupación del Gobierno de México por las implicaciones que pueden llegar a tener lo referente a la prisión preventiva oficiosa. En este sentido, llamó a la Corte a tener una visión mucho más amplia, que permita contar con los elementos suficientes para tomar una determinación como esta.

En el encuentro se impulsó la coordinación de acciones entre las dependencias federales y estatales encargadas de la seguridad, para combatir los delitos que más afectan a la población, promover el desarrollo policial y atender los asuntos en materia de su competencia.