En Oaxaca detienen a ex candidato y autoridad municipal como implicados en violencia en Atatlahuaca, responsable de agresiones armadas y quema de viviendas.

En Oaxaca detienen a ex candidato y autoridad municipal como implicados en violencia en Atatlahuaca, responsable de agresiones armadas y quema de viviendas.

*Además provocó el desplazamiento de familias en la zona y se le implica en la posible desaparición de la activista y defensores de derechos humanos 

Oscar Rodríguez

En Oaxaca, un juez dictó una orden de aprehensión contra la autoridad municipal de Guerrero Grande, Juan Gabriel Hernández Garcia y dirigente del denominado Frente de Resistencia Indigena de Juxtlahuaca, ante los enfrentamientos, y violencia generalizada  reportada en el municipio de San Esteban Atatlahuca, en la zona mixteca.

El implicado ex candidato a diputado del desaparecido Partido Político Redes Sociales Progresista (RSP) fue detenido por las fuerzas de seguridad estatal y la Guardia Nacional y lo remitieron ante un juez de control, donde sera vinculado a proceso.

De acuerdo al informe policial,después de exhaustivas investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO) se estableció que Juan Gabriel Hernández García es uno de los responsables de la violencia y desplazamiento forzado de personas en San Esteban Atatlahuca, Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, conflicto que se vive en ésa región de la Mixteca donde se han registrado agresiones,  quema de viviendas, ranchos, homicidios y  la desaparición de varias comuneros.

También se le investiga por la posible desaparición hace un mes de la activista Irma Galindo, de cuyo paradero aún se desconoce la Fiscalía General de Justicia (FGJO).

A Juan Gabriel Hernández García también  se le responsabiliza del cobro en la caseta de peaje de la autopista Oaxaca-México Huitzo, establecida como cuota voluntaria a automovilistas para dejarlos transitar el paso.

En contraparte el Frente de Resistencia Indigena de Juxtlahuaca emitió un comunicado, donde acusó a las fuerzas de seguridad estatal y federal de cometer un abuso de autoridad, indicando que la detención de su líder fue arbitraria y demandaron la intervención de los organismos de derechos humanos.

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