VA FISCALÍA CONTRA TRAFICANTES DE PLAZAS DE BURÓCRATAS EN EL GOBIERNO DE OAXACA, HAY 101 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y 20 ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN TRIBUNALES

El gobernador de Oaxaca Salomon Jara, inicio una batalla legal contra la corrupción en las dependencias de su gobierno, donde ha lobrado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJO) halla iniciado 101 carpetas de investigación por el delito de Tráfico de Plazas y Servicios en su modalidad de consumado o en grado de tentativa.En consecuencia el Fiscal General Bernardo Rodriguez Alamilla dijo que se  ha logrado la judicialización de 60  casos asentados en dichas carpetas de investigación, de los cuales 20 implicados están en la cárcel y hay 40 órdenes de aprehensión pendiente de ejecutar en los Tribunales de Justicia.De acuerdo con el Código Penal vigente para el Estado de Oaxaca, en el Capítulo V adicionado mediante decreto número 1254, aprobado el 9 de abril del 2015 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 19 de mayo del 2015, el Artículo 240 TER establece que:“Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público.Además, especifica que: “Si el sujeto activo (responsable) es servidor público, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”.Este Artículo fue reformado mediante decreto número 1619, aprobado por la 64 Legislatura del Estado el 19 de agosto del 2020 y publicado en el Periódico Oficial número 39 Séptima Sesión del 26 de septiembre del 2020.De acuerdo con el Consejero Jurídico Geovany Vaszquez Sagrero, en los últimos tres sexenios, desde los ex gobernadores Ulises Ruiz, Gabino Cue y Alejandro Murat se dejo que grupos delictivos con complicidad de ex funcionarios estatales, realizaron la venta de plazas al mejor postor, cobrando hasta 500 mil y 300 mil pesos.Dijo que luego de una auditoría interna se encontraron más de 2 mil plazas irregulares, de los cuales por un decreto de la cámara se ha cancelado mil 344, que fueron entregadas a familiares y amigos de ex gobernadores, como diputados, hijos de legisladores, presidentes municipales, y hasta locatarios de mercados o migrantes radicados en EUA.La cancelacion de las plazas causo protestas por parte de trabajadores que obligaron al gobierno a realizar una nueva revision caso por casa para definir que plaza se queda y cual se cancela de forma definitiva