Congreso de Oaxaca fortalece reforma de Elisa Zepeda sobre consentimiento sexual; aprueba capacitación obligatoria para operadores de justicia
A un año de que el Congreso de Oaxaca aprobara la reforma al Código Penal que estableció que la falta de consentimiento es suficiente para configurar el delito de violación sexual, el Poder Legislativo aprobó una nueva propuesta de la diputada Elisa Zepeda Lagunas para fortalecer su aplicación y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas.
La reforma aprobada en agosto de 2025 significó un cambio sustancial al colocar el consentimiento en el centro de la legislación sobre violencia sexual. Ahora, con la incorporación de tres artículos transitorios, se busca que ese avance legal se traduzca en una actuación especializada de las instituciones responsables de investigar y sancionar estos delitos.
Entre las nuevas disposiciones destaca la capacitación obligatoria para juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministerios públicos, personal pericial y demás servidores públicos que intervienen en estos procedimientos, con perspectiva de género, derechos humanos y atención especializada, particularmente cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes.
“En 2025 dimos un paso fundamental al establecer que sin consentimiento hay violación. Hoy fortalecemos esa reforma para que no se quede únicamente en el Código Penal, sino que transforme la manera en que se investiga, se juzga y se atiende a las víctimas. La justicia debe actuar sin prejuicios, sin estereotipos y sin revictimización”, afirmó Elisa Zepeda.
Asimismo, con estas nuevas disposiciones, se establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, deberá actualizar los protocolos de actuación policial en casos de violencia sexual para armonizarlos con la reforma.
También se establecen certeza jurídica respecto de los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto.
Con lo aprobado, Oaxaca avanza de la reforma legal a su aplicación institucional: del reconocimiento del consentimiento como elemento central para juzgar la violencia sexual, a la capacitación y actualización de protocolos para garantizar investigaciones y procesos judiciales con perspectiva de género y respeto a los derechos de las víctimas.